CONTEXTO
Puerto Rico atraviesa su peor crisis social, fiscal y económica en décadas. La errática conducción de los asuntos públicos, el endeudamiento a que ha sido sometido el país y las políticas de austeridad implementadas por distintas administraciones gubernamentales han profundizado la desigualdad social y la pobreza, incentivando la emigración masiva, sobre todo de personas en edades productivas. La imposición de la Junta de Control Fiscal ha despejado cualquier duda sobre la naturaleza colonial de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y la necesidad que tenemos de adquirir poderes que nos permitan salir del estado de zozobra en que vivimos. El paso de los huracanes Irma y María dejó al descubierto la degradación de la infraestructura, de los servicios públicos, de las viviendas y de otros temas básicos que cualquier gobierno debe atender.
El resultado de las elecciones del 2016, incluyendo el éxito de las candidaturas independientes y el desgaste de los partidos principales, hacen clara la pérdida de confianza de nuestro pueblo en la partidocracia, particularmente a los principales partidos, que han dominado nuestra vida política y que se han mostrado incapaces de entender y atender efectivamente toda nuestra problemática. Se hace evidente para nuestro pueblo, la necesidad y viabilidad de un nuevo tipo de movimiento político de cara a los comicios electorales del año 2020 que pueda llevar a cabo una manera distinta de hacer política. Un nuevo tipo de movimiento político que permita ganar la confianza de la mayoría del electorado y pueda implantar una forma participativa de gobernar el país para transformarlo del que tenemos al que necesitamos y deseamos. Una forma que corresponda con la realidad de las limitaciones, pero también la riqueza de recursos y talentos con los que contamos para encaminar efectivamente el país a la solución permanente de sus problemas.
EL MOVIMIENTO
En el presente existen múltiples esfuerzos individuales que gozan de un nivel considerable de apoyo entre personas que no se sienten representadas por las opciones electorales actuales. El encuentro de estos esfuerzos en un espacio común, bajo una agenda urgente, viabilizaría ciertas victorias electorales en el 2020. Este movimiento debe ser distinto a los partidos. No puede pecar de los vicios del pasado. ¿Qué significa esto para este nuevo movimiento? Significa que debe comunicar alegría y esperanza, debe ser genuino, debe tener una organización sin ser jerárquico y debe ser inclusivo.
Toda persona en Puerto Rico debe sentirse bienvenida al movimiento no porque está contra algo, sino porque representa algo distinto. Porque el movimiento expresa sus sueños de País y es el vehículo para lograrlo.
¿Quién puede ser parte del movimiento?
Toda persona que se comprometa con la agenda urgente y suscriba el documento de Principios Éticos. Esto, sin importar sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, raza, filosofías de vida y espiritualidades, diversidad funcional o posición socio-económica, edad, estatus migratorio o electoral. Las personas que componen la diáspora puertorriqueña también podrán participar del movimiento.
No hay requisito de lealtad ciega o de jurar bandera a partido alguno. El único requerimiento no negociable es el absoluto compromiso y fiel cumplimiento con la agenda urgente y los principios éticos que guían este movimiento.
¿Por qué inscribir una franquicia electoral y no optar por una alianza de candidaturas independientes?
La Ley Electoral está hecha a la medida de los partidos tradicionales. De esta forma, garantizan su permanencia, mientras desincentivan y hasta obstaculizan la formación de cualquier tipo de movimiento alterno. Para poder implementar la agenda urgente que le presentamos al País, hay que obtener control político del gobierno. Como movimiento ciudadano que busca devolver el gobierno a la gente, el único mecanismo viable en la Ley Electoral actual es la inscripción de una franquicia electoral. Esto nos permitirá combatir con mayor efectividad las artimañas de los partidos tradicionales en el proceso de inscripción de una alternativa electoral y concentrar nuestros preciados recursos en el trabajo de educación y orientación de nuestro pueblo, para que con su voto avalen la implementación de la agenda urgente. Según establecido en la agenda urgente y en los Principios Éticos que rigen este movimiento, al llegar al gobierno promulgaremos legislación para reformar el sistema electoral para terminar con la hegemonía de los partidos políticos, dando paso a que cualquier persona, o grupo de personas, con interés de servir al País pueda aspirar a un escaño político, eliminando el trato preferencial actual hacia los partidos políticos. La inscripción de una franquicia electoral es un medio y no un fin, por lo que se establecerá desde su comienzo un plan de transición del modelo actualmente contemplado en nuestro sistema electoral hacia el movimiento ciudadano que nos proponemos construir.
AGENDA URGENTE
Luego de varias décadas de alternancia política entre los dos partidos principales, son muchos los temas importantes que han sido relegados. Sin embargo, entendemos que hay una agenda urgente que requiere de acción inmediata y que servirá de bandera para este movimiento. Los principios y objetivos incluidos en la agenda urgente serán los puntos de consenso para aquellos que formen parte del movimiento y sobre los cuales hay un compromiso inquebrantable ante el País. Todo lo que no sea incluido en la agenda urgente, aunque reconociendo su importancia para distintos grupos y sectores, será atendido conforme al criterio propio de cada integrante de este movimiento.
1. Gobierno limpio y participativo que acabe con la corrupción, la falta de transparencia y el inversionismo político
a. Reforma política– Por décadas, políticos de los partidos tradicionales han llegado al poder mediante campañas pomposas y extravagantes que son costeadas por grupos poderosos que son favorecidos cuando esos políticos llegan al poder. Para evitar que esto suceda necesitamos expulsar a aquellos cuyas conciencias tienen precio y cerrarle el paso a quienes están dispuestos a pagarlo. Para ello proponemos una Reforma Política que incluya:
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- Financiación pública de campañas
- Establecer un sistema de financiación pública de las campañas electorales para evitar que el dinero de los corruptos pueda comprar a políticos y políticas.
- Fijar un tope razonable e igual para todos y todas, que incluya el uso de los medios de comunicación gubernamentales como mecanismo de orientación a los electores.
- Limitación de términos
- Limitar el tiempo en que los políticos y las políticas ocupen sus posiciones.
- Sistema de representación parlamentaria proporcional
- Que incluya una representación fidedigna de la realidad social en Puerto Rico.
- Segunda vuelta
- En el caso de no alcanzar una mayoría simple en las elecciones (50% + 1), las fuerzas con mayor fuerza electoral deberán medirse en una segunda elección. Este proceso da la oportunidad de establecer alianzas y compromisos entre el pueblo y sus gobernantes.
- Candidaturas coaligadas
- Permitir la presentación de candidaturas coaligadas, fomentando las alianzas y búsquedas de consensos entre los distintos movimientos políticos.
- Referéndum revocatorio
- Establecer mecanismo mediante el cual el Pueblo pueda revocar el mandato de cualquier funcionario electo previo a la culminación de su término y luego de transcurrido los primeros dos años del mismo.
- Ley anti-puertas giratorias
- Prohibir que los funcionarios y funcionarias que han ocupado posiciones públicas tengan relaciones contractuales con intereses que pudieron haber beneficiado desde el servicio público.
- Facilitar la participación electoral
- Establecer un mecanismo de registro e identificación electoral práctico y accesible.
- Permitir la inscripción y el voto adelantado en una fecha cercana a la elección.
- Sustituir la Comisión Estatal de Elecciones por un organismo que atienda controversias electorales y cuya operación se ajuste a la realidad económica y fiscal del País.
- Financiación pública de campañas
b. Participación ciudadana y acceso a la información– La democracia no se limita a emitir un voto en una urna cada cuatro años. El éxito de la gestión pública depende mayormente de la participación efectiva y continua de la ciudadanía. Garantizar el acceso a la información y fomentar la participación ciudadana en todas las etapas de la formulación de política pública será un principio rector de este movimiento.
- Iniciativas ciudadanas
- Etablecer mecanismos en la Asamblea Legislativa que permitan a la ciudadanía proponer medidas legislativas y al obtener un apoyo mínimo del Pueblo, obligar a la Legislatura a actuar sobre las mismas.
- Mecanismos de consulta
1. Utilizar la tecnología para realizar consultas periódicas a laciudadanía sobre decisiones de trascendencia en la gestión pública. - Presunción sobre acceso a la información1.
- Establecer una presunción a favor del acceso a la información pública y mecanismos que permitan un depósito digital de toda la información pública.
c. Fiscalización responsable y efectiva- El proceso de nombramiento y confirmación de las personas al mando de las entidades gubernamentales responsables de la fiscalización de la gestión pública imposibilita la independencia requerida para la defensa de los mejores intereses del Pueblo. Urge recobrar la confianza en nuestras instituciones públicas y eso es solo posible si se comienza un proceso de higiene democrática en nuestro gobierno.
- Despolitizar entidades fiscalizadoras
- Fijar un proceso de nombramiento y confirmación que no responda a vaivenes políticos y que garantice la independencia necesaria para combatir la corrupción sin importar partidos o colores.
- Procesamiento oportuno y contundente
- Garantizar que la investigación y procesamiento de la corrupción se lleve a cabo de manera oportuna y que ponga fin a la impunidad.
- Aumentar las penas en delitos contra la integridad pública y eliminar cualquier trato preferencial.
d. Reforma gubernamental- Aspiramos a una reforma gubernamental con participación ciudadana y de los empleados y empleadas para lograr eficiencia, mejores servicios y uso de recursos.
2. Garantías sociales para el bien común que superen la desigualdad social y la pobreza (Justicia social)
a. Empleo digno y salario adecuado
- Derechos laborales
- Restituir y ampliar todos los derechos laborales eliminados mediante legislación por las administraciones del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático es el punto de partida.
- Empleo digno
- Establecer un derecho al trabajo en Puerto Rico y que el mismo sea en condiciones dignas, lo cual incluye, pero no se limita a: un salario justo, horas mínimas, cubierta médica y días de vacaciones y enfermedad.
- Velar por el fiel cumplimiento de las políticas públicas en contra del discrimen y el hostigamiento en el trabajo y expandir las mismas según la realidad actual de nuestra sociedad.
- Salario adecuado
- Establecer un salario mínimo que garantice que toda persona que trabaje en Puerto Rico pueda vivir por encima del nivel de pobreza.
- Establecer un mecanismo que permita fijar un salario base mayor al salario mínimo nacional para aquellas industrias cuya capacidad económica lo permita.
- Fomento y fortalecimiento de la organización colectiva
- Incentivar la organización colectiva de las personas que trabajan, tanto en el servicio público como en la empresa privada, como principal mecanismo para combatir la relación desigual entre el patrono y el obrero.
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- Incentivar y promover la organización sindical, comunitaria,estudiantil, gremial y profesional, como aspecto esencial deuna sociedad democrática.
- Eliminar cualquier traba vigente que impida la organizacióncolectiva, incluyendo el reconocimiento del derecho aorganizarse en la Rama Judicial y a nivel municipal.
- Establecer el marco jurídico adecuado para las cooperativasde trabajadoras y trabajadores.
b. Equidad contributiva
- Reforma Contributiva
- Establecer un sistema contributivo justo, que redistribuya la carga contributiva. De esta manera, garantizamos que cada quien aporte según su capacidad bajo el principio de quien más tenga, más aporte.
c. Educación pública de calidad y gratuita
- Inversión pública
- Revertir los recortes presupuestarios en la educación pública elemental, secundaria y superior, y establecer un presupuesto adecuado.
- Reestablecer fórmula mediante la cual la Universidad de Puerto Rico recibe su presupuesto anual.
- Reforma Educativa
- Dejar sin efecto las iniciativas para privatizar la educación pública y establecer una reforma educativa desde la comunidad escolar.
- Establecer un proceso de selección del Secretario o Secretaria de Educación que responda los mejores intereses y a las recomendaciones de la comunidad escolar.
- Promover la educación con perspectiva de género y la educación en derechos humanos en todos los niveles.
- Entendiendo que somos un país inclusivo y diverso, fomentar las artes y los deportes como parte vital de nuestro desarrollo cultural.
- Reforma Universitaria
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- Respetar la autonomía universitaria. Aprobar una reforma universitaria que le quite el control de la Universidad al gobierno y lo ponga en manos de la comunidad universitaria.
- Coordinar estrategia de desarrollo económico del gobierno con la Universidad.
- Contratación de servicios brindándole prioridad a la comunidad universitaria.
d. Pensión, vejez y vida digna
- Derecho adquirido
- Reconocer la pensión como un derecho adquirido por el trabajador y la trabajadora como parte del proceso de negociación de sus condiciones de empleo y para el cual aporta durante el transcurso de su carrera. Rechazar la idea de que se trata de un privilegio.
- Anteponer el pago de las pensiones a cualquier otro desembolso de fondos públicos.
- Establecer el desarrollo de comunidades de apoyo a personas envejecidas, niñez desamparada y personas sin hogar (cualquier persona que no se pueda valer por sí misma).
e. Servicios de salud accesibles y de calidad
- Seguro universal
- Establecer un sistema universal de salud en el que todas las personas del país tengan acceso a los servicios básicos necesarios para el mantenimiento de la salud, la prevención y tratamiento de la enfermedad, y cuidados para la recuperación.
- Enfoque en la prevención e intervención temprana.
- Pagador único
- Establecer sistema de pagador único que permita combatir el negocio de la salud y el actual modelo que solo garantiza las ganancias de las aseguradoras.
- Enfoque salubrista
- Establecer un acercamiento salubrista al problema de la adicción, con una política diferenciada hasta diferentes sustancias.
f. Bienes y servicios públicos
- Contra las políticas de privatización neoliberales de servicios esenciales y bienes públicos, que someten el bienestar a la lógica de la competencia y el lucro privado.
3. Desarrollo económico
- Economía
- Por una economía justa y sustentable, diversa y dinámica para el desarrollo de Puerto Rico.
- Plan de reconstrucción económic
- Responsabilidad social de acuerdo con las necesidades y la aspiración a mayor calidad de vida del pueblo y la protección del ambiente, que incluya la soberanía alimentaria, el fin de la fuga masiva de ganancias, por tanto, la revisión de la política de incentivo
- Modelo económico
- Se adoptará flexiblemente la forma de gestión que mejor corresponda a cada actividad y proyecto: empresa pública, cooperativa, empresa propiedad de trabajadores, fideicomiso y otras formas de propiedad y gestión comunitaria, pequeña empresa privada, empresa privada, acuerdo o combinación o acuerdo entre alguna de las anteriores
- Inversión externa
- Se adoptará reglamentación y dirección de la inversión externa de acuerdo a los objetivos de desarrollo integral y sustentabilidad (disposiciones laborales, ambientales, reinversión, compras locales, transferencia de destrezas y tecnología).
- Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos
- Se exigirá de aportación económica del Congreso para la reconstrucción económica de Puerto Rico.
4. El Pueblo antes que la deuda
a. Reforma constitucional
- Servicios esenciales y garantías sociales
- Definir los servicios esenciales y las garantías sociales en nuestra Constitución y anteponer las mismas por encima del pago de la deuda pública.
- Límites constitucionales para el endeudamiento público
b. Moratoria, auditoría, cancelación y renegociación de la deuda
- Moratoria
- Declarar una moratoria en el pago del servicio a la deuda, deteniendo el desembolso de fondos públicos para este particular hasta tanto se complete la auditoría integral del crédito público.
- Auditoría de la deuda1.
- Realizar una auditoría ciudadana de la deuda pública emitida durante los pasados 40 años.
- Cancelación de la deuda ilegal o ilegítima
- Utilizar el resultado de la auditoría de la deuda para promover anular o cancelar en los foros pertinentes la deuda emitida de forma ilegal o inconstitucional. De igual forma se procederá en cuanto a la deuda que, aunque legal, no tenga un fin público y por consiguiente se trate como deuda ilegítima.
- Renegociación de la deuda
- Realizar un proceso de renegociación de la deuda legítima cuyo fin principal sea velar por los servicios esenciales y las garantías sociales, según definidas en nuestra reforma constitucional.
c. Junta de Control Fiscal- Rechazamos la imposición de la Junta de Control Fiscal y las políticas de austeridad fomentadas por la misma. Tanto la Junta de Control Fiscal, como PROMESA son mecanismos inadecuados para atender la crisis de la deuda.
- Colaboración presupuestaria
- Detendremos el desembolso de fondos públicos del Pueblo de Puerto Rico para la operación de la Junta de Control Fiscal.
- Rechazo judicial
- Recurriremos a todos los foros pertinentes, incluyendo los tribunales, para impugnar la imposición de la Junta de Control Fiscal y cualquier medida impuesta por la misma que contravenga los puntos incluidos en la agente urgente.
- Foros internacionales1.
- Denunciaremos en todos los foros internacionales disponibles la imposición de la Junta de Control Fiscal y recabaremos el apoyo necesario para su eliminación.
- Conflictos de intereses1.
- Haremos extensivo a los y las integrantes de la Junta de Control Fiscal el cumplimiento con la Ley de Ética Gubernamental y fiscalizaremos sus conflictos de intereses.
- Choque entre la Junta y el Movimiento
- Reconocemos que la agenda urgente promovida por este movimiento choca directamente con las políticas de austeridad promovidas por la Junta de Control Fiscal. Anticipamos que estas diferencias podrían requerir de intervenciones judiciales. Reiteramos nuestro compromiso de ejecutar la agenda urgente y de defender su implementación en todos los foros posibles, incluyendo los tribunales.
5. Cortar el nudo de la división sobre el estatus
a. Posición institucional
- Descolonización de Puerto Ric
- Reconocemos que nuestra relación colonial con los Estados Unidos afecta negativamente el diario vivir de todas las personas en Puerto Rico y que para atender esta agenda urgente tenemos que romper con el nudo de quienes aspiran a dividirnos valiéndose del tema del estatus. Estableceremos un proceso descolonizador que garantice la participación equitativa de las distintas opciones descolonizadoras, entiéndase: estadidad, independencia y libre asociación. Sin embargo, entendemos que los puntos incluidos en la agenda urgente son de igual interés para personas en todos los espectros del tema del estatus. Por eso fomentamos un movimiento ciudadano que le permita organizarse a nuestro Pueblo conforme a una agenda urgente y no únicamente por su preferencia en cuanto a la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Por todo lo anterior, este movimiento respeta la opción descolonizadora que favorezca cada uno de sus integrantes y se compromete con un mecanismo procesal que garantice un proceso justo y equitativo para ponerle fin a la colonia
- Reconocemos que la descolonización, no es solo en términos políticos y jurídicos, sino también de la persona. Es por ello que llevaremos a cabo un proceso educativo continuo donde se desarrolle el pensamiento crítico y la transformación de la conciencia individual que nos habilite para sentir, pensar, actuar y participar en el País descolonizador que aspiramos.
b. Mecanismo procesal.
- Asamblea Constitucional de Estatus
- Aprobar legislación para establecer la Asamblea Constitucional de Estatus y romper con el monopolio de los partidos tradicionales en cuanto a la discusión del tema del estatus.
6. Conservación y restauración de nuestro medio ambiente
- Establecer políticas públicas dirigidas a la sostenibilidad ambiental con un enfoque integral, científico y de conciencia global.
- Diseñar e implantar políticas urbanas, de transportación, energéticas y de infraestructura, procurando el menor impacto ecológico.
- Rechazamos la generación y el depósito de cenizas de carbón, al igual que las incineradoras.
PRINCIPIOS ÉTICOS- POLÍTICOS
La participación en este movimiento implica una nueva manera de hacer política, que genere confianza y deseo de protagonismo, de parte del pueblo. De aquí la necesidad de adherencia a los principios ético-político que enmarquen las relaciones y prácticas del movimiento en general y sus integrantes en particular. Los siguientes principios, sobre los cuales nos hemos constituido, deberán ser suscritos por toda persona que desee formar parte del mismo. Estos principios responden al principal deber de nuestros tiempos: el rescate de las instituciones públicas, la defensa de nuestro patrimonio y la reconstrucción social, económica, ambiental, fiscal y cultural de Puerto Rico.
Este movimiento ciudadano surge como una alternativa a los partidos y políticos de siempre y se propone rescatar las instituciones públicas y ponerlas al servicio de la gente. Lo anterior será solo posible con la participación directa de la ciudadanía tanto en las decisiones políticas del movimiento, así como en la implementación de la agenda urgente desde el gobierno.
1. Vocación de servicio
La participación política es necesaria y en nuestro caso, urgente, para rescatar nuestras instituciones públicas y ponerlas al servicio del Pueblo. Rechazamos la politiquería y nos negamos a dejarle el quehacer político a los políticos de siempre. Por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso de participar en la política para servir y no servirse; para honrar el servicio público y no el servicio a un partido; para trabajar a favor del colectivo y no los grandes intereses.
2. Derechos humanos
Defenderemos la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual servirá de guía principal para la libertad, la igualdad y la protección de los derechos de todas y todos.
3. Participación Ciudadana
Fomentamos y procuramos la participación directa y amplia de los diversos sectores de nuestra sociedad durante la toma de decisiones de nuestro movimiento.
Proveemos espacios permanentes de desarrollo de capacidades, discusión e intercambio que permitan la interacción e integración genuina del pueblo a la gestión del movimiento, y garanticen continuidad más allá del ciclo electoral.
Aclaramos que el uso de herramientas tradicionales como encuestas y grupos focales sólo deben servir para nutrir la discusión ciudadana y no para sustituirla.
La elección de candidatas o candidatos del movimiento a cualquier puesto se hará mediante primarias abiertas a toda la ciudadanía o cualquier otro mecanismo transparente, participativo y democrático abierto a todos los integrantes del movimiento.
4. Cero tolerancia a la Corrupción
Establecemos una política de cero tolerancia de la corrupción dentro de nuestras filas, entendiéndose por ello la aceptación de sobornos, chantajes, lavado de dinero, robo y fraude. De igual modo, rechazamos la participación de candidatos y candidatas cuyos intereses entren en conflictos con los principios y valores de nuestro movimiento. Estará terminantemente prohibida la participación dentro del movimiento de cualquier persona convicta de un delito de corrupción en el ejercicio de la función pública.
5. Compromiso con la Equidad y la Justicia Social
Nos rige un compromiso inquebrantable con la consecución de una sociedad justa y equitativa, que atienda de la manera más amplia las necesidades de la ciudadanía. Nos comprometemos con atender los reclamos de las mujeres, la clase trabajadora, la comunidad estudiantil, las personas pensionadas o jubiladas, la juventud, la niñez, las personas inmigrantes y la comunidad LGBTTIQ.
Promoveremos la igualdad y la equidad, tanto dentro del movimiento, como en la sociedad y el gobierno que nos proponemos construir. Rechazamos la exclusión o discrimen por sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, raza, filosofías de vida y espiritualidades, diversidad funcional o posición socio-económica. Establecemos una política de cero tolerancia al machismo, a la homofobia, a la lesbofobia, a la transfobia y a la xenofobia.
6. Respeto y sensibilidad
Conducirse con sensibilidad y respeto hacia todo ciudadano y ciudadana, incluyendo integrantes de otros partidos, evitando la estridencia y la polarización en el discurso y la acción.
Se promueve el diálogo respetuoso y el debate honesto en la búsqueda de consensos dentro y fuera del movimiento.
7. Garantías democráticas
Establecer procesos democráticos que permitan la participación activa del pueblo en la toma de decisiones, ofreciendo garantías de representatividad e inclusión para aquellos cuya opinión no resulte en mayoría.
El mismo principio aplicará en los proceso internos del movimiento para garantizar que el mismo no se convierta en todo lo que salimos a cambiar.
8. Fin al inversionismo político
Estructurar el financiamiento público de campañas políticas con un tope razonable e igual para todos y todas y eliminando el financiamiento privado de campañas políticas que tanto daño le ha hecho a nuestro país.
9. Transparencia, rendición de cuentas y uso adecuado de recursos
Internalizar en todo nuestro funcionamiento y expresión la enorme responsabilidad que conlleva el ejercicio político y el servicio público. El movimiento y sus integrantes vienen a servir y no a servirse, y asumen dicha responsabilidad con humildad.
Garantizar absoluta transparencia en sus acciones y gestiones, comunicando con claridad y prontitud toda información e integrando la divulgación y la rendición de cuentas a toda tarea.
Garantizar el uso eficiente y prudente de todo fondo que reciba como parte del proceso de formación y desarrollo político, así como luego en la administración de fondos públicos.
10. Deber de escuchar
Toda persona que ocupe un puesto de liderato en el movimiento o un puesto electivo en representación del movimiento, al momento de tomar una decisión o emitir un voto, tiene el deber de escuchar a todas las partes, de consultar a personas expertas, a grupos profesionales, sindicales, comunitarios o representantes de quienes podrían afectarse por tal decisión.
MODELO ORGANIZATIVO
El movimiento tendrá un reglamento democrático que establezca una estructura sencilla, ágil, participativa y equitativa que incluya mecanismos democráticos para elegir los cuerpos directivos, los candidatos y candidatas y tomar decisiones según sea necesario.
El modelo organizativo debe ser avalado en la asamblea constitutiva del movimiento. Se propone una estructura de pirámide invertida, donde la Asamblea Ciudadana sea el mecanismo de participación más amplio y desde donde se tomen las decisiones transcendentales del movimiento. En la parte baja de la pirámide invertida estarían los y las Portavoces Nacionales del movimiento, quienes tendrán la tarea principal de comunicar y ejecutar las decisiones de la Asamblea Ciudadana. Se implementará un organismo que vele por el funcionamiento democrático del movimiento y por los derechos de sus membresía.
1 El modelo organizativo aquí propuesto entraría en vigor una vez el movimiento complete el proceso de inscripción y se llevara a cabo la asamblea constitutiva. El MVC aprobó el modelo de Red de Redes en Asamblea de Organización del 8 de septiembre de 2019.